Afirman que Ley Helms-Burton no deja sin viviendas a los cubanos

El excongresista Lincoln Díaz-Balart y el opositor Orlando Gutiérrez afirmaron que con el Título III de la Ley Helms-Burton, los cubanos no perderán sus casas como lo quiere hacer ver el régimen castrista.

Edificaciones en La Habana.

Edificaciones en La Habana.


DIARIO LAS AMERICAS - La Ley Helms-Burton recrudeció el embargo instaurado por Estados Unidos contra la dictadura cubana, pero su Título III, que permitiría recuperar bienes robados por el régimen castrista, se mantiene inactivo parcialmente.

Los analistas coinciden que el presidente Donald Trump tiene en sus manos poner ese acápite en vigor por completo, paso que algunos creen “muy viable”, y frente a esa posibilidad la dictadura castrista propaga el “rumor infundado” de que el fin último de esta disposición legal es “quitarles las casas a los cubanos de la isla”.

Dos voces de reconocidas figuras del exilio cubano refutaron lo que el régimen quiere “meter en la cabeza de la gente”: el excongresista federal Lincoln Díaz-Balart, quien contribuyó a la creación de la mencionada ley y a quien se le atribuye la “codificación del embargo” a Cuba y Orlando Gutiérrez, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, quien lidera una campaña que impulsa la activación plena de esa medida.

Las declaraciones de ambos responden a uno de tantos pronunciamientos realizados por la cúpula gobernante castrista en el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que encabeza Raúl Castro, en el que se lee textualmente: “Cualquier cubano y cada comunidad del país verían cómo se presentan ante tribunales de Estados Unidos demandas por la propiedad de la vivienda que ocupan”.

Además, según el medio oficialista cubano, ese acápite de la también llamada Ley de Libertad Cubana abriría el camino a reclamaciones en contra de los cubanos en “el centro de trabajo donde laboran, la escuela a la que asisten sus hijos, el policlínico donde reciben atención médica, [y] los terrenos sobre los que se edifican sus barrios”. Tanto Díaz-Balart como Gutiérrez-Boronat consideran esas advertencias no menos que “argumentos falsos”.

Discurso oficial

Gran parte de la Ley Helms-Burton se debe a Díaz-Balart. El político de origen cubano es recordado, junto al senador Bob Menéndez y la exrepresentante Iliana Ros-Lehtinen, entre otros, por sus gestiones en Washington para castigar al régimen cubano tras el derribamiento de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate por aviones de combate de la dictadura de Fidel Castro. El entonces presidente Bill Clinton accedió a firmar la legislación en 1996, tras esa “acción criminal del castrismo” donde murieron cuatro pilotos de ese grupo de exiliados.

Díaz-Balart no descarta que “el régimen esté desinformando”, una conducta que consideró “típica en ellos para tratar de confundir a través de la desinformación”. Por ello, cree que es “muy importante” recalcar que la ley “no se refiere a propiedades residenciales”. Dicho de otra forma, “la casa de ningún cubano está en juego”.

En esencia, la norma establece “castigos” a empresas extranjeras que hacen negocios en Cuba y que sacan provecho de bienes expropiados por el régimen cubano a ciudadanos o empresas estadounidenses. “Son propiedades comerciales o industriales”, aclaró.

Si se llegara a decretar la activación plena del Título III, ello permitiría a los estadounidenses o cubanos ya nacionalizados en este país entablar litigios civiles en cortes de EEUU contra aquellos que “trafiquen” o se beneficien de las propiedades que les confiscó la dictadura cubana.

“Si el Título III se implementa, el mismo autorizaría a los herederos, o a quienes tienen los títulos, a presentar demandas sobre propiedades utilizadas por empresas multinacionales que están cometiendo lo que en derecho se llama delito de receptación, que es traficar en propiedades robadas”, indicó Díaz-Balart.

Para el exlegislador, existe una “gran posibilidad” de que la Casa Blanca “esté dispuesta a aplicar la ley como fue concebida”.

En días recientes, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que se mantendrá suspendido durante 30 días más el Título III de la ley. Sin embargo, autorizó que los ciudadanos o empresas afectadas por las confiscaciones en Cuba puedan entablar acciones legales contra empresas cubanas que están enumeradas en una lista elaborada por el Departamento de Estado.

El nuevo plazo fijado por EEUU vence el próximo 17 de abril, fecha en la que se conmemora un nuevo aniversario del desembarco de la Brigada 2506 en Bahía Cochinos en 1961, cuando centenares de exiliados intentaron derrocar la dictadura Castro.

“No debe haber temor”

En igual sentido se pronunció el líder cubano en el exilio Orlando Gutiérrez, quien la semana pasada, en compañía de representantes de diferentes organizaciones que luchan por la democracia en el continente, lanzó a nombre de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) una cruzada para pedirle a Washington que no suspenda más la puesta en vigor del Título III de la Ley de Libertad Cubana.

Según Gutiérrez, “la gente en la isla no debe sentir ningún temor a perder sus casas porque el Título III no contempla en nada las propiedades personales, solo las comerciales que tengan un valor superior a 50.000 dólares que fueron confiscadas arbitrariamente por el régimen comunista de Cuba”.

Desde el momento en que la iniciativa se convirtió en ley hace 23 años, todos los presidentes estadounidenses ratificaron la suspensión del Título III por espacio de seis meses. Trump cambió lo que se había convertido en una “constante” y aprobó la cancelación por 45 días, en enero, y por solo un mes en marzo.

Gutiérrez insistió en que “el pueblo debe estar tranquilo”, al tiempo que recalcó que se busca el cumplimiento de una ley que reivindica el derecho de recuperar sus propiedades a muchas personas que fueron “victimizadas por un régimen opresor”.

La campaña de la ARC también tiene como propósito que la Casa Blanca haga cumplir el Título IV de la misma ley, que “les niega visados a aquellos empresarios internacionales que estén participando de inversiones ilegales en Cuba, con propiedades confiscadas”.


Articulo escrito por Daniel Castrope y publicado originalemente por DIARIO LAS AMERICAS.